sábado, 29 de abril de 2017

La punta del iceberg


Corrupción. Infundado descrédito de la clase política. No se deje engañar, los titulares son interesados. Ni un presidente de comunidad autónoma ni un ilustre diputado ni un concejal de urbanismo tienen capacidad por sí mismos de sisar un duro de dinero público. El saqueo de cualquier administración requiere de varios colaboradores necesarios. Y es que el tesoro dispone de guardianes responsables de su custodia, de férreos procedimientos y de mecanismos de control. Por tanto, al destapar la tropelía, la investigación debería aclarar si el plan fue cosa del político, de alguno de sus funcionarios o de un tercero, qué ganancias satisface el reparto para cada uno y cómo se urdió y ejecutó la apropiación indebida, en su caso. El contribuyente encontrará más eficaz conocer la trama completa y acabar con ella que entalegar al cargo electo. El sacrificio del cabeza de turco no es suficiente para desmontar la corrupción que destruye la convivencia democrática.

Escrúpulos. Este clima de hartazgo popular hacia los políticos en general y la creencia de que todos son corruptos en potencia mantienen alejados a profesionales independientes y a directivos de la empresa privada que mucho podrían aportar a la gestión de lo público. Imposible plantearse en serio un paréntesis en su carrera para trabajar por el bien común si conlleva exponer su propia reputación. Hemos creado un sistema político endogámico que se nutre de la propia administración y de personas que no tienen nada mejor que hacer. Se constata el secuestro. El perfil de todos los protagonistas -incluidos los impulsores de la "nueva política"- confirma esta teoría. Cuando escuche despotricar sobre los jóvenes y su actitud frente a la vida, piense la herencia que recibirán; no sé si serán capaces de descontaminar, pero mantengo la esperanza.

El suelo. También estamos atrapados. Ni la clasificación como rústico o urbano ni la posibilidad de autorizar ciertas actividades y de prohibir otras fueron/son resultado de la aplicación del método científico. Imposible racionalizar un sistema de gestión del suelo que se fundamenta en derechos adquiridos fruto de decisiones políticas del pasado sustentadas sobre vaya usted a saber qué supuestos y/o prebendas. Y es que suelo urbano y urbanizable hay de sobra en Canarias, adquirido en su momento a un precio ficticio para atender unas expectativas de beneficio irreales. Pero los negocios viables -hasta la promoción inmobiliaria- no tienen capacidad para absorber desproporcionados costes de implantación, ni tampoco los propietarios aflorarán las pérdidas. Y entonces la ley en trámite propone permitir actividades complementarias en los suelos agrícolas, más baratos, para posibilitar generar rentas y empleo. No entiendo, a ver si nos aclaramos: el problema territorial ¿es cuestión de disponibilidad, de oportunidad o de precio?

Resignación. Como retroceder derechos cuesta dinero, virgencita déjame como estoy: el 50% espacios naturales, perfecto; residencial e infraestructuras tienen sitio para los próximos 50 años y el resto, el suelo agrícola, déjemelo quieto. Que las expectativas de beneficio tienen parado el suelo apto para la actividad económica, pues liberalizamos el uso y lo gravamos con impuestos. Que deseamos potenciar la actividad agrícola y ganadera, pues damos facilidades en el suelo rústico pero con estricto criterio económico y garantía de reversión. Cualquier propuesta que admita discrecionalidad técnica en este delicado asunto político está condenada al fracaso. No se atreverán pero bastaría con establecer los límites, prever controles y dejar funcionar la lógica de mercado.

Las Teresitas. Nos deberían aclarar qué va a pasar con la playa. Si ahora redactarán el proyecto del nuevo plan, si el dinero de la condena existe y, en su caso, si se podrá usar para acometer las obras. Los usuarios estamos expectantes, impacientes.

sábado, 15 de abril de 2017

Atrapados

Por la pobreza. En Canarias se pasó mucha necesidad. En aquella época de aislamiento y caciquismo, cuando éramos potencia exportadora y salían más plátanos de las Islas que naranjas de Valencia. Ni la condición de puerto franco ni las escalas de los barcos que atravesaban el Atlántico ni el jodido monopolio. Pobres, condenados a emigrar con destino a Cuba o Venezuela. Y llegaron los setenta y el turismo y los retornados con su dinero. Y se ocupó el paisaje isleño con viviendas a borde de camino, al borde del mar, por todas partes. Terrenos agrícolas con casas y calles, malpaíses para el turismo, extracciones de áridos en Güímar y de picón en cada cono volcánico. Hubo connivencia política y complicidad social: vaya herencia, legalizada después por prescripción urbanística. Vértigo en los ochenta del jetfoil y la nueva autonomía hasta que cuatro "locos" asustados se empeñaron en la Ley de Espacios Naturales, en adoptar la evaluación de impacto y en trabajar la ordenación territorial. ¿Llegaron tarde? Puede ser. Sometido al planeamiento, por presiones de toda índole, el suelo urbano dejó de ser un bien escaso: hay calificado para los próximos cien años.

Por el éxito. El turismo como motor de la economía en el cambio de milenio. Hoteles, apartamentos y campos de golf, y más viviendas: nuevo "boom" de la construcción. Hasta que la mano invisible, para proteger el negocio de éxito, propone limitar el acceso de nuevos operadores con la moratoria. Con objetivos muy razonables -fomento de la calidad turística y la rehabilitación-, aunque nada que el funcionamiento normal de la competencia no hubiera conseguido por sí mismo. En definitiva, burocracia añadida que impidió y/o retrasó inversiones antes y después de la crisis hasta superar el 30% de paro. El Constitucional, que suspendió la moratoria, también llegó tarde. Ahora sube la demanda y persisten los problemas en otros destinos: oportunidad inmejorable para crecer.

Por el miedo. Nos aterra cualquier iniciativa que implique mover una piedra. Estamos atrapados, condicionados por todo ese pasado, por la sensación de culpa. Aterrados también los funcionarios en la tramitación administrativa de cualquier actividad, tan garantista que la eterniza. Y la opinión pública que se opone por sistema: en contra de prospectar el petróleo y ahora, que encuentran telurio en el fondo del mar -un mineral necesario para los paneles solares-, hay quien se preocupa por los efectos negativos de su extracción, en su caso, ¡a 1.100 metros de profundidad!, sin evaluar siquiera las implicaciones económicas y sociales del descubrimiento. Miedo también para permitir reconvertir los vergonzosos agujeros de Güímar en una inversión productiva y empleo. ¿Qué mejor destino que el turístico para rentabilizar el dinero de las sentencias y compensar la tropelía?

Santa Cruz. Nadie se percató entonces de la necesaria compatibilidad con el uso portuario. Atrapados sin acceso al mar. Los tiempos cambian y Santa Cruz, con clima e infraestructuras, tendrá también su oportunidad de incorporarse al turismo con camas y oferta de ocio. Urge buscar dinero (y negociar con Costas).

Por incrédulos. El futuro emite señales que nos negamos a interpretar. Y nos conviene. Nuestros hijos no vivirán en Canarias del refino del petróleo ni de la fabricación de bienes de consumo ni del cultivo de la papa. Emplearán una energía más limpia y más barata, las fábricas seguirán en China y con las papas, salvo que sean variedades antiguas, nada que hacer, no podrán competir con las grandes extensiones del continente. En ese contexto, la agricultura canaria resurgirá con garantía de origen, producto exquisito de alta calidad y acceso a los mercados europeos; apostar por la emprendeduría rural con enfoque empresarial, tecnología y exotismo.

(Publicado en el periódico El Día el 15 de abril de 2017)

[Exageré, en 1932 los plátanos eran el segundo producto de exportación española por detrás de las naranjas, un total de 2,5 millones de kilos equivalentes a 84 millones de pesetas de la época]

sábado, 1 de abril de 2017

20 años

No son nada. Qué atrevido Fernando Clavijo y qué bien la política de largo plazo. No solo para la educación -propuso bilingüismo generalizado-, sino también respecto al resto de cuestiones que procuran bienestar a las personas. Envejecemos, la tecnología avanza, la demografía es una ciencia exacta, hay que sembrar para luego recoger y tantas obviedades que se pasan por alto en la gestión de lo público. Llega tarde; sin embargo, en 20 años los dispositivos de traducción simultánea los tendremos implantados en la cabeza. Ya son una realidad, un pequeño audífono en el oído, un invento que ya existe y que puede usted comprar. Por tanto, podemos concluir sin riesgo a equivocarnos que la necesidad generalizada de estudiar idiomas acabará en un suspiro, igual que se dejó de enviar telegramas o de usar película fotográfica y revelado químico. Ay, el progreso.

Pasarán. Y otros 20 más para abandonar el amor ciego por la patria chica. Comprender que la isla, como porción de territorio rodeada de agua, es un mero constructo, simple e interesado, pero muy poco eficaz para procurar igualdad y prosperidad colectivas. Hasta Coalición Canaria en su reciente congreso planteó el equilibrio entre nacionalismo y globalización, dos realidades, una dicotomía, también como entelequia ideológica. No queda otra para seguir adelante. Falta humanismo y sobra terruño.

De penitencia. Antonio Morales, presidente del Cabildo de la Gran Canaria, aviva el insularismo con vigor; un discurso (¿legítimo mensaje electoral?) bien hilado en defensa de "lo suyo" de allí. Si pasara unos días en Tenerife y en las otras islas, quizás consigamos que reivindique también "lo nuestro" de todos, lo de Canarias, soluciones para los problemas de la gente; que una isla, en sí misma, no sufre ni padece, solo nos soporta. Se cuestiona la triple paridad, que ya va bien mientras penamos tinerfeños y canariones con dolor de corazón y propósito de enmienda. A 20 años, para corregir el sistema electoral canario, más proporcionalidad parlamentaria respecto a la población; de acuerdo, pero propongo una salvedad: en las decisiones que afecten a una isla, que sus representantes se inhiban. Nos interesa cómo arreglaría el señor Morales las colas de la TF-5 o el colapso en Las Chafiras, dicho sin sarcasmo ni reproche alguno, con ánimo constructivo.

De lucha. Con escaso resultado. Ni en 20 ni en 30 años los Presupuestos Generales del Estado han incluido las obligaciones del REF. Lo de igualar la inversión media por habitante era muy fácil de calcular, pero no hay voluntad. Erramos la estrategia; ni compensa cumplir con los criterios de déficit ni funciona el pedigüeñismo lastimero. Una contundente declaración de independencia con integración de Canarias en la Unión de Estados Africanos y empezará a llegar financiación para el gasto corriente y unos miles de millones para inversiones. Artur Mas, inhabilitado, golea desde la grada.

De espera. El acceso a la función pública está tasado, sin entrar a valorar su eficacia o la conveniencia de revisarlo; en su caso: se describe el puesto a cubrir, se establece el procedimiento, se convoca y los aspirantes demuestran méritos y conocimientos. Como las necesidades van más rápido que los expedientes administrativos, durante años muchos trabajadores se incorporan al sector público por la vía rápida, en situación de interinidad. Ahora, la regularización que plantea el Gobierno tranquiliza el futuro laboral de cientos de miles de personas, convertidos en víctimas, pero desvirtúa el proceso y elimina garantías, sin depurar responsabilidades, es raro. En un ecosistema político dominado por empleados públicos -faltan empresarios y profesionales- este gesto de generosidad, no sé... Deconstruimos el Estado de Derecho a conveniencia por intereses inconfesables, a cambio de.

(Publicado en el periódico El Día el 1 de abril de 2017)