viernes, 6 de noviembre de 2009

Proyecto país

(Publicado en Diario de Avisos el 6 de noviembre de 2009)

Me animo a escribir sobre la independencia de Canarias para que Diario de Avisos –cabecera que acepta publicar mis colaboraciones- no quede rezagado en este asunto de candente actualidad. Quizás deba empezar por matizar eso de la independencia, usada mil veces como eslabón final del autogobierno con sus himnos y banderas. Yo me refiero a la otra, más práctica y menos polémica, me refiero a la independencia para actuar en cuanto a que los canarios somos un pueblo con identidad que goza de la libertad suficiente para articular nuestro propio futuro. Ningún interés en la parafernalia.
Obligada esta aclaración previa, sostengo que la independencia de Canarias –esa que no tiene bucio ni estrellas verdes- fue promulgada ya hace décadas y que la hemos venido disfrutando sin darnos mucha cuenta. Aunque esto de la libertad funciona como el amor que hay que azuzarlo a cada rato para que el deseo no se transforme en otra cosa: el amor en hábito o la libertad en llevadera servidumbre. Pero vaya, así vivimos en estas tierras atlánticas tan prolijas en tortuosas pasiones y hondos desengaños propios de nuestra condición de náufragos.
Fruto de mi deseo de reivindicarnos, podríamos afirmar que la declaración de independencia de Canarias fue escrita y defendida por Bravo Murillo en 1852, a la sazón ministro de la reina Isabel II (de España) en la exposición de razones que precede al Real Decreto de Declaración de Puertos Francos de Canarias. Describe la ultraperificidad con precisión y realismo, la humildad de lo isleño y constata una realidad de pobreza ya entonces inexplicable dada nuestra condición de nexo entre tres mundos: “de los buques que cruzan por aquellas aguas, apenas hay quien deje allí resultados mercantiles de su tránsito: los más saludan de lejos al pico Teide, como si Dios hubiera levantado aquella maravilla para la estéril admiración de los hombres”.
Describe también la situación desesperada que se vivía en las islas como a ninguno de nosotros –canarios de ahora o canarios de entonces- el orgullo patrio nos hubiera permitido: “entre tanto el país va precipitándose en una decadencia visible, los cultivos se abandonan, la especulación desaparece, la miseria cunde, el azote del cólera morbo vino el año pasado a agravar los males y va tomando ya alarmantes proporciones la emigración, que es síntoma de la próxima muerte de los pueblos.” Salvo el cólera, felizmente superado, todo lo demás suena muy contemporáneo.
A la propuesta y a su justificación no le falta nada: “Declárense puerto franco las Islas Canarias y todos estos inconvenientes desaparecerán. Sueltas las trabas que embarazan ahora la acción mercantil, se formará allí naturalmente un centro de contratación; acudirán los capitales, se crearán establecimientos, se fomentará el trabajo y aquellas islas ahora olvidadas serán el enlace y el punto de comunicación de apartados continentes.”
Bravo Murillo no fue un gurú de la economía ni tenía una bola de cristal, tampoco se contuvo la emigración ni acabó con las epidemias. Aunque sí mejoró ostensiblemente el bienestar de la población respecto a los países de nuestro entorno, baste mirar hoy a nuestra África cercana, y también respecto a la España peninsular que tardó mucho más en incorporarse al progreso. Aquí se instaló la primera refinería de petróleo del Estado, inaugurada en 1927 y que fue la única hasta 1969, ahí es nada; también las grandes multinacionales del tabaco… en fin, y todos recordamos la pujanza de nuestro comercio minorista.
Canarias independiente, vaya idea, con nuestra hora menos y detrás del murito ficticio en el que nos representan en los mapas del tiempo, con nuestro régimen de puertos francos y dedicados al comercio, atrayendo a la industria y finalmente desarrollando uno de los destinos turísticos más potentes del mundo, más de diez millones de turistas anuales nos respaldan. Esto último no lo tuvo en cuenta Bravo Murillo en su decreto… ni que serían aviones los que vieran aparecer al padre Teide en el horizonte.
Tampoco se pensó en ello pausadamente, en mi opinión, cuando se propuso en 1972 la abolición de los puertos francos y la negociación del régimen económico y fiscal para Canarias, el REF, que sigue vigente. Imagino que sería posible descifrar la trama de intereses y favores que dio lugar a la promulgación por parte del Generalísimo de esta ley que tanta influencia ha tenido y tiene en la vida cotidiana de las islas. Imagino que podríamos encontrar también quien defienda la necesidad de entonces y de ahora de ese cambio de modelo. Pero no es mi intención polemizar y nada aporta al futuro de Canarias el escarnio de los responsables (o culpables).
Ni el legislador en 1852 ni el dictador en 1972 pudieron imaginar que la combinación de los dos elementos –turismo y libre comercio- pudiera darse simultáneamente en estas peñas oceánicas. Ni el primero superado por la evolución de la tecnología del transporte y con un turismo que en esa época era anécdota, ni el segundo que vio, o le hicieron ver, la puerta fácil para conseguir un estatus subvencionado ante la inminente entrada de España en el Mercado Común Europeo que se estaba fraguando en ese momento. Son filosofías contrapuestas: Bravo Murillo hablaba de conceder una herramienta (legal) y el REF de conseguir ayuda para compensar nuestra idiosincrasia ultraperiférica. Puede que sea simplista pero a veces conviene dejar en las espinas los temas complejos para contemplar el esqueleto que los sustenta.
A los canarios que aspiramos a ser hombres libres nos atrae mucho más que nos dejen hacer; perseverar en nuestra independencia, en nuestra capacidad de acción. Lo de ahora, este REF, nos obliga a luchar para que un tercero tenga a bien cumplir lo pactado, el gobierno de España o la UE, además con qué escaso éxito… que de nada vale que se fije la inversión para Canarias en la media del Estado si éste no la cumple. Surge entonces una gran paradoja: nuestros representantes públicos se lanzan a luchar por obtener lo que en justicia nos pertenece -REF dixit- y dejan de trabajar por el próspero futuro para nuestras islas, ¡cuánto esfuerzo malogrado en reclamar la limosna cuando podríamos estar concentrados en el proyecto! Tomo con permiso una expresión que no es mía pero que describe el sentido de esta argumentación: Canarias necesita un proyecto país… y entonces, volcados en salir adelante con nuestro propio esfuerzo, volvemos irremediablemente a los postulados de Bravo Murillo que nos anima a luchar por nuestra libertad, a disponer de la herramienta y no de la subvención. Sí, sí que hablo de volver a retomar la idea de los puertos francos, dar el adiós definitivo a los fielatos (nótese que los fielatos desaparecieron de nuestros caminos y aquí no ha pasado nada) y buscar la fórmula de sustituir esa recaudación de impuestos indirectos por la tributación sobre beneficios. Y entiendo que no debemos entrar ahora en los detalles para no perder el enfoque en la argumentación de fondo, hablamos de ese proyecto país, de moldear una visión a largo plazo. En definitiva, propongo aprovechar la combinación explosiva turismo-comercio recuperando las condiciones de puerto franco, toda una garantía de éxito.
Llegados a este punto habrá quien me tache de loco, irresponsable e idealista… y a lo mejor se destapan ellos solos, los que vieron la oportunidad y se aprovecharon y aprovechan de esta ley franquista que nos ha llevado al 26% de paro -un 9% más que en el resto de España- y lo que es aun peor, nos ha conducido a la inacción por efecto de la sopa boba: nos hemos convertido en un pueblo subsidiado que espera pasivamente a que venga alguien a ayudarnos, postura que no ayuda a generar empleo ni a dar estabilidad a la economía y a la sociedad de nuestras islas.

Hoy en día, un estadista de la talla de Bravo Murillo con visión y los pies en el suelo volvería a defender con los mismos argumentos y contundencia dar a Canarias su independencia dentro de España y dentro de Europa.


martes, 27 de octubre de 2009

Foro sobre 'Cómo encontrar trabajo'

Les propongo comentar todas aquellas cosas relacionadas con el método, incluso las críticas, con el fin de mejorarlo y que el libro cumpla su misión de ayudar a encontrar trabajo.

También recoger el testimonio de quienes han tenido éxito para que sirva de ejemplo, les animo a que compartan su experiencia personal con todos nosotros.



viernes, 4 de septiembre de 2009

Cómo encontrar trabajo. Guía práctica


Presentamos una forma no convencional de comunicar nuestras reflexiones sobre la búsqueda de trabajo en estos tiempos de crisis. Ahondaremos a través de una conversación en el drama que es perder el trabajo, cómo enfrentar y controlar los sentimientos que aparecen en esos momentos, para después tratar de aprender a diseñar una estrategia válida para la búsqueda activa y cómo llevarla a la práctica.
La generación de conocimiento útil requiere transformar la información disponible, interpretarla y añadirle las experiencias vividas. Ese proceso utiliza el lenguaje como catalizador y soporte.

Proponemos introducir al lector en la conversación, que participe en ella y que saque sus propias conclusiones.

Nuestra misión es que la búsqueda de trabajo para los afectados por el paro no sea una tragedia sino un reto.

Nuestro objetivo estará alcanzado si conseguimos aliviar la carga emocional asociada a la situación de desempleo.
La trama surge de las conversaciones entre Manuel Sánchez, experto head hunter, y Alejandro Soler, un joven que se enfrenta al despido e inicia el proceso que le conduzca a encontrar trabajo.

miércoles, 15 de julio de 2009

Sentimientos

Si yo fuera ciudadano de Catalunya no estaría feliz de haber conseguido más dinero de los presupuestos del Estado a costa de las demás comunidades, no me sentiría bien, no entendería abandonar el principio de solidaridad, no entendería esa obsesión compulsiva para tener más a costa de que otros tengan menos. Yo no querría distiguirme por eso.

Sobre el pilar de la solidaridad se viene construyendo Europa. Y los partidos se alejan de los sentimientos básicos de sus administrados, y no todo es dinero, y no vale todo por el interés de la tribu, y no todo se justifica por el interés propio. Echamos de menos en sus señorías la defensa del interés general, la base de la gran política.

viernes, 8 de mayo de 2009

Ayuntamiento en suspensión de pagos

(Publicado en Diario de Avisos el 8 de mayo de 2009)

Los acreedores del ayuntamiento -aquellas empresas a las que le debe dinero- se decidieron y solicitaron la actuación judicial según la ley concursal. El juez de entrada no sabía qué hacer, era una situación inaudita. Al final aceptó. El juzgado nombró administradores concursales. A partir de ese momento la capacidad ejecutiva del alcalde, de sus concejales y de sus funcionarios está condicionada. La actividad cotidiana debe seguir; para el resto hay que consultar. Deben consultar a los administradores y ellos, según qué asuntos, al juez. Una intervención concursal es algo serio.
Esta primera fase no ha estado exenta de controversia. El alcalde llamó a las altas instancias de su partido, desde allí se habló con sus representantes en el Gobierno autónomo, en el Congreso de los Diputados, en el Senado. Fue increpado el ministro del ramo, se desató un intenso debate público sobre la conveniencia versus obligación legal de que las administraciones públicas estén sometidas o no a la ley concursal. Se pidió dictamen de urgencia al Tribunal Supremo y confirmación formal del Constitucional. La cuestión quedó resuelta con elevado consenso: si las administraciones públicas participan -como es el caso en España- en la actividad económica como un operador más, no sólo como garantes del cumplimiento de normas y ordenanzas, deben estar sujetas a los mismos controles y responder de su responsabilidad del mismo modo que las sociedades mercantiles y sus administradores.
Lo primero fue comprobar la deuda, que estuviera fundada y el monto total de lo adeudado. En el proceso aparecieron facturas de obras, servicios y suministros que no estaban respaldados por su preceptivo expediente de contratación. Parece que es práctica habitual. Desde el Ayuntamiento se encarga algo, se realiza el trabajo o el suministro en cuestión y se presenta la factura por el registro de entrada, después alguien da el visto bueno y se paga... o no. Hubo que verificar si efectivamente tales gastos habían tenido lugar para confeccionar la lista definitiva de acreedores y las cantidades adeudadas. Aquella cifra quitaba el hipo.
Siguió la ingente empresa analizando el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento -su estructura de gastos e ingresos-, para determinar su capacidad real de hacer frente a la deuda. Se empezó por los gastos de personal (capítulo 1 del presupuesto) que suman más de la mitad del total. No se pudo definir con claridad cómo era el organigrama funcional, qué trabajador dependía de qué área y cuáles eran sus funciones concretas. Se encontró personal en cargos de confianza cuyo nombramiento no estaba soportado por informe jurídico alguno, varios casos de contratos temporales que llevaban mucho tiempo prorrogados y algún trabajador que cobraba su nómina y hacía años que no pisaba las dependencias municipales. Sin embargo, lo que más sorprendió fueron las elevadas cantidades destinadas a las mejoras sociales del personal funcionario. Hubo que sumergirse en el acuerdo de condiciones laborales -el equivalente al convenio colectivo-, en la normativa estatal que regula las relaciones laborales de los empleados públicos y en las múltiples sentencias que han ido apareciendo en los últimos años, para constatar que el Ayuntamiento estaba soportando gastos no previstos legalmente (seguro médico privado, premio de jubilación o el complemento salarial en caso de baja laboral). Ni tan siquiera se cumplía con la jornada laboral oficial (37,5 horas a la semana) debido a una aplicación nada rigurosa del horario de verano. También se detectó que muchos funcionarios disfrutaban de compatibilidad para ejercer su profesión en el mercado libre sin que se les hubiera practicado la reducción salarial establecida para esos casos. Todo aquello fue un descubrimiento. Sólo gestionando el personal municipal según la legislación vigente se podría conseguir un importante ahorro.
Al analizar el abultado capítulo de gastos corrientes, se observó que las partidas principales se referían a los contratos con los concesionarios o prestatarios de los principales servicios públicos municipales (recogida de basura, limpieza viaria, suministro de agua y un largo etcétera). Con estas empresas la deuda era enorme. No se supo por dónde empezar. Lo que sí parecía claro es que, dentro de estos contratos, la cantidad destinada al personal era también la más importante; en cierto modo, se trataba de trabajadores que prestan sus servicios al Ayuntamiento pero de forma indirecta. Se decidió estudiar los convenios colectivos y, dada la complejidad de este tipo de contrato, se consideró conveniente encargar a un perito el examen de su cumplimiento.
El resultado fue decepcionante. Los convenios colectivos, amparados por el propio Ayuntamiento, contemplaban mejoras laborales muy alejadas de los convenios sectoriales, no sólo en cuanto a retribución por categoría, que siempre era muy superior, sino con prebendas difícilmente explicables (suscripción de planes de pensiones, licencias retribuidas o revisiones salariales anuales varios puntos por encima del IPC). El resultado de la peritación no fue mucho mejor: instalaciones y maquinaria no incorporados a los servicios, un grado de cumplimiento que distaba mucho de los mínimos establecidos en los pliegos de condiciones; ni tan siquiera la totalidad del personal ofertado estaba contratado por las empresas concesionarias. Por inacción o por falta de capacidad de control quedaba clara la ineficiencia del dinero destinado por el ayuntamiento a estos contratos.
Respecto a la supervisión de los contratos de obra se constató que, en la mayoría de casos, los trabajos estaban ejecutados, si bien las partidas presupuestarias inicialmente previstas distaban mucho de las finalmente comprometidas, incrementos de inversión que no siempre estaban justificados desde un punto de vista técnico. Aquello de las obras son así, sabes cuándo empiezan pero no cuándo terminan ni cuánto van a costar... no deberían regir para una administración pública, máxime cuando la propia ley de contratos del sector público prevé la modificación de los proyectos. La realidad detectada resultó ser que prácticamente todas las obras ejecutadas en los últimos años habían sido modificadas y su coste revisado al alza. En este tipo de contratos el retraso en el pago por parte del Ayuntamiento superaba los doce meses.
Llegados al análisis de las transferencias de crédito -aquellas partidas presupuestarias que las administraciones públicas se ceden entre ellas a cambio de la prestación de servicios de su competencia pero cuya gestión han delegado generalmente en organismos supramunicipales (tratamiento de basuras, transporte público urbano, etcétera)- por un lado, se advirtió que el Ayuntamiento había suscrito acuerdos sin dotar presupuestariamente en su totalidad las cantidades pactadas y, por otro, se pudo comprobar que en otros tantos, estando previsto el gasto, no se habían efectuado los pagos correspondientes. Acababa de aflorar una nueva y enorme deuda que no había sido contemplada. Surgió la duda de si otra administración podría integrar la lista de acreedores que habían dado lugar a esta situación concursal. En buena lógica debería ser posible, dados los enormes problemas financieros que a su vez se genera en las acreedoras...
Respecto a los gastos quedó confirmado que el Ayuntamiento mantiene más personal del requerido para los servicios que presta al ciudadano, que su coste salarial no se ajusta a lo estipulado legalmente, que las empresas contratistas de servicios emplean trabajadores en condiciones muy superiores a los convenios sectoriales, que la ejecución de esos contratos no se ajusta exactamente a lo estipulado en los pliegos, que los contratos de obras son habitualmente modificados al alza y que se mantiene una importante deuda con otras administraciones públicas. El panorama es desalentador. Algunas cosas serán fáciles de arreglar y otras requerirán tiempo e imaginación para poder llegar a pagar las deudas a los acreedores. Sorprende la respuesta de responsables políticos y técnicos: nadie sabe por qué se ha llegado a esta situación.
El análisis inicial de los administradores concursales no estará terminado hasta conocer el origen de los ingresos con los que se financia el Ayuntamiento y la eficacia de su gestión de cobro. Su propuesta de gestión, mientras dure la intervención judicial, debe contemplar qué cantidad de dinero se requiere para el funcionamiento ordinario -corregidas las ineficiencias detectadas- y para el pago de la deuda, y si tales ingresos son posibles en la actual coyuntura socioeconómica. La sanción de responsabilidades sobre lo ocurrido, en su caso, será asunto del juez.

viernes, 1 de mayo de 2009

Cómo encontrar trabajo. Una guía práctica

Presentamos una forma no convencional de comunicar nuestras reflexiones sobre la búsqueda de trabajo en estos tiempos de crisis. Ahondaremos a través de una fluida conversación en el drama que es perder el trabajo, cómo enfrentar y controlar los sentimientos que aparecen en esos momentos, para después aprender a diseñar una estrategia válida para la búsqueda activa y cómo llevarla a la práctica.
La generación de conocimiento útil requiere transformar la información disponible, interpretarla y añadirle las experiencias vividas. Ese proceso utiliza el lenguaje como catalizador y soporte. Proponemos introducir al lector en la conversación, que participe en ella y que saque sus propias conclusiones.
Nuestra misión es que la búsqueda de trabajo para los afectados por el paro no sea una tragedia sino un reto.
Nuestro objetivo estará alcanzado si conseguimos aliviar la carga emocional asociada a la situación de desempleo.
La trama surge de las conversaciones entre Manuel Soler, experto head hunter, y Alejandro Sánchez, un joven que se enfrenta al despido e inicia el proceso que le conduzca a encontrar trabajo.


(Disponible a partir de octubre de 2009)

martes, 21 de abril de 2009

Tabú

Publica www.elmundo.es la noticia del supuesto indulto a las clínicas privadas por parte de la dirección de la inspección de trabajo:

http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/04/20/economia/1240210793.html

Es tabú.

La última frase define el escándalo, después de una sentencia judicial en la que se condena a 47 médicos por falsear su relación laboral con una clínica privada: "el sector decidió contraatacar y en sucesivas reuniones celebradas a principios de abril, presionó al Ministerio de Trabajo para que cesaran las inspecciones"... y lo consiguió. No dimite el tal Raimundo (director general), no se pone colorado el señor ministro, la oposición no salta al cuello a sus naturales oponentes, las asociaciones de consumidores no cortan ninguna carretera nacional, los miles de estoicos integrantes de las listas de espera no se ponen en huelga de hambre. El ciudadano sufre el "sector sensible y complejo", la sanidad pública saqueada y los pacientes toreados. Es precisamente ese pluriempleo el que impide la excelencia del sistema público. Conflicto de intereses, se llama. Si el garante de la legalidad se pliega a las presiones andamos apañados. En este país nuestro es tabú hablar de luchar contra el fraude cuando es la solución a la mayoría de nuestros males. Podría ser ésta -la lucha contra el fraude en todas sus formas- la enésima propuesta del gobierno o de la oposición o la mía propia para acabar con la crisis.

martes, 24 de marzo de 2009

Confusión o hipocresía

(Publicado en Diario de Avisos, 24 de marzo de 2009)

La prensa local publicaba hace unas semanas la fotografía de la nueva planta fotovoltaica en el Llano de la Esquina, en el municipio de Arico, en el sur de Tenerife; la segunda en su género en las Islas. Una potente inversión de ciento diez millones de euros en equipos de vanguardia resplandecientes al sol que ya forman parte de nuestro paisaje atlántico, fundidos territorio y tecnología en la expresión más pura del progreso. 12,6 megavatios de energía limpia para el suministro del consumo de casi cinco mil viviendas, un asunto que no está nada mal.
Sin embargo, mantener el Estado del Bienestar y mejorar la calidad de la energía que consumimos también tiene sus costes; requiere renunciar a otros usos del suelo y exige territorio. En donde hubo un complejo sistema natural de flora y fauna con tabaibas, cardones, fringílidos y gasterópodos únicos, por donde pastaron un día las cabras que sustentaron al pueblo aborigen, en donde la sorriba y el riego consiguieron liberar el volcán para la agricultura, allí donde la Isla se acopla al paso del hombre y evoluciona con él, nuestro siglo XXI muestra su realidad.
Esta imagen del progreso en cierto modo distorsiona lo natural y lo tradicional, no es una cosa ni la otra, altera el paisaje, ajusta la realidad del paisaje a los nuevos tiempos que corren. Es el precio que hay que pagar por alcanzar el futuro. Territorio a cambio de dióxido de carbono. Paisaje sucio a cambio de energía limpia. Consumimos territorio para minimizar los efectos negativos que a largo plazo conlleva la producción de electricidad con combustibles fósiles, consumimos territorio para preservar el bienestar de la población a largo plazo aunque éste sea un corolario difícil de aceptar. A esta planta fotovoltaica se destina hasta 230.000 metros cuadrados -veintitrés hectáreas, equivalentes a cincuenta y seis campos de fútbol-, lo vale, París bien vale una misa.
Unos usos son aceptados y otros no. La energía fotovoltaica es admitida sin condiciones, el dióxido de carbono es enemigo a batir. Hemos creado leyes, planes y normas muy rígidas, nacidas cuando el legislador adquiere la conciencia de que el territorio debe ser protegido activamente: el territorio como bien escaso en Canarias y como soporte de importantes valores naturales y culturales. En contraposición, quizás sean las múltiples restricciones las que hacen que el suelo apto para usos productivos sea escaso, lo escaso adquiere valor, lo escaso es más rentable. Mantenemos vivo el conflicto: la actividad humana requiere un sitio y debemos decidir dónde permitimos hacer qué.
La opinión pública participa en este debate. Se da crédito a posturas exacerbadas respecto al progreso, al bienestar, al paisaje y al medio ambiente, medias verdades peligrosas para el conjunto de la sociedad que no reciben respuesta adecuada por parte de los poderes públicos. Ahí está la línea de alta tensión junto a la autopista del sur para recordarnos que las manifas nunca son un buen sistema de planificación territorial.
Detectamos cierta confusión en el mensaje y en la acción: ¿por qué un cuarto de aperos, una bodega o una explotación ganadera generan todas las pegas del mundo y la planta fotovoltaica recibe todas las bendiciones?, ¿por qué más de veinte hectáreas de paneles de cuarzo forman parte del progreso y un hotel de cinco estrellas es un atentado contra el desarrollo sostenible?

lunes, 2 de febrero de 2009

Para Jordi Sevilla sobre los ayuntamientos y la crisis

Estimado Sr. Ex-Ministro,

He leído con interés su artículo Ayuntamientos contra la crisis publicado en EL MUNDO de ayer domingo. Defiende con argumentos la medida impulsada por el Gobierno del Estado para transferir más de ocho mil millones de euros a los ayuntamientos de nuestra España con el fin de generar empleo y ayudar a reactivar la economía. No es mi intención poner pegas al proyecto, ni siquiera cuestionar la intervención keynita del Gobierno en estos momentos difíciles. Mi reflexión es otra.

Desde una postura ideológica nada sospechosa, me sorprende como no he escuchado a nadie en este país hablar de eficiencia en la gestión de lo público, no sólo a usted, que sólo alcanza a opinar que los ayuntamientos "han demostrado que son una administración eficaz", ni en general a responsables políticos, nacionales, autonómicos o locales. Ni siquiera la oposición pide y fiscaliza el buen uso de los recursos públicos.

Que los ayuntamientos de toda España funcionan ineficientemente no es sólo una opinión; muchos no llegan ni al aprobado en eficacia por la prestación de los servicios públicos que un ciudadano de un estado civilizado debe recibir y puede llegar exigir dada la carga fiscal que soporta... por mucho que usted afirme -sin pruebas- lo contrario. Disculpe la generalización con la que seguro soy inexacto, pero no debo andar muy desencaminado. Es curioso como usted mismo, en el mismo artículo, un poco más adelante, achaca a los ayuntamientos parte de la responsabilidad de la burbuja inmobiliaria de donde procedía una parte sustanciosa de su financiación. Fíjese que esto de ahora no trata de resolver la raíz del problema sino de repartir dinero.

Usted da en la diana: "los ingresos municipales en España han estado demasiado vinculados al suelo", exacto. Con ingresos extraordinarios pagamos lo ordinario y dimensionamos nuestra estructura sin reparar en gastos. Compromisos para el gasto corriente que se podía pagar... y ahora no. Ahí van, transferidos a caja, los ocho mil millones, para pagar las obras del Fondo este (...cuando podamos, con lo que sobre). Disculpe pero su postura se defiende muy mal, eso de dar dinero a quien no ha sabido gestionarlo en época de vacas gordas no admite una explicación coherente y sencilla por muy buenas que sean las intenciones.

No hablamos sólo de ineficacia en lo cotidiano, ni de ineficiencia en la utilización de los recursos públicos, vamos más allá. Podríamos hablar de injerencia en el sistema económico cuyas consecuencias sufrimos hace tiempo y que con la crisis actual veremos aflorar con mayor nitidez. Obra y gracia de las administraciones locales, con el beneplácito de las demás administraciones que configuran nuestro estado de derecho, cuestiones éstas que quizás usted no haya escuchado antes; trataré de explicarme.

Los ayuntamientos contratan directa o indirectamente -mediante empresas concesionarias- una enorme cantidad de trabajadores. Generalmente estos trabajadores (no sólo los funcionarios) disfrutan de unas condiciones laborales excepcionalmente buenas respecto al mercado. No sólo es cuestión de retribución sino también de jornada laboral reducida, seguro médico privado, licencias y todo tipo de acuerdos colectivos que no se ajustan a la legislación nacional pero que pasan desapercibidos para quienes tienen el deber de fiscalizarlos. No sólo son puestos seguros, sino con condiciones insuperables. El ciudadano paga y paga más de la cuenta. Usted sabe que en España este es un tema tabú, no se habla de él, ni en campaña electoral ni una vez se accede al Gobierno, no se habla del coste de personal de las administraciones locales, ni del absentismo laboral, ni mucho menos de los problemas que esta situación significa para el conjunto de la sociedad.

Es un secreto a voces que en España, el mucho tiempo libre y la seguridad en los ingresos, permiten a los empleados públicos lanzarse a una actividad profesional o empresarial complementaria. Con el día a día resuelto se trabaja en la economía sumergida o haciendo feroz competencia por precio a autónomos y pequeñas empresas. Difícil competir. El sistema no persigue este tipo de conductas, ni siquiera las debe tener detectadas como perjudiciales para el tejido productivo. Y no generalizo, describo un fenómeno frecuente. Falta cuantificar el paro que genera esta realidad.

Nótese que no me he referido a la pléyade de concejales, asesores y ayudantes que circulan por los ayuntamientos y sus empresas públicas. Estos temas sí aparecen normalmente en el debate público, lo anterior, no.

A mí me gustaría pensar igual que usted Sr. Sevilla en su optimismo para con las administraciones locales en la relación con los administrados. Pero no puedo. Trato de imaginar qué va a pasar con la parte de esos ocho mil millones que vaya a parar a esos ayuntamientos -financiados recurrentemente con el ladrillo- que en el glorioso 2007 mantenían un retraso en los pagos a sus contratistas y proveedores por encima de los 365 días... me cuesta pensar que no sucumbirán a la tentación de pagar las nóminas, las dietas o los fuegos artificiales de sus fiestas mayores con las buenas intenciones del presidente Rodríguez Zapatero.

Quizás usted que trabaja en la gran política pueda utilizar estos razonamientos para contribuir a mejorar el bienestar general de las personas. Usted que tanto cita a Obama, acuérdese que el nuevo presidente americano apuesta insistentemente por hacer las cosas bien. Vaya obviedad.

Reciba un cordial saludo,

sábado, 31 de enero de 2009

Obama, Jesús y ZP

Ser contemporáneo de Obama me entusiasma. Aduce a lo obvio y propugna el cambio/revolución fundamentado/a en la responsabilidad: ¡vaya lección! Inventa la obligación de hacer las cosas bien, aporta asertividad y se distancia de la fuerza bruta como demostración de humanidad. Tremenda perogrullada, magnífica. Qué cerca del mandamiento único tan en desuso: amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jesús dixit, dos mil años ago.

Mas la prosopopeya contradice la prudencia de su mensaje. El show business incompatible con la causa justa. Y una comparación odiosa y preocupante con el tal José Luis Rodríguez, ciudadano presidente con cara de buena persona, muestra finalmente nefasta inacción en lo importante, transformado en eslogan (ZP). Será que el propio sistema político-mediático se opone a la misión e impide la excelencia, preservar la imagen como un fin. Cuántas dudas, cuánta esperanza, cuánta necesidad.

viernes, 30 de enero de 2009

Economía liberal para no economistas y no liberales

Estimado Xavier,

Recibí su libro 'Economía liberal para no economistas y no liberales' como regalo hace una semana. Una pequeña joya. Ya sabe usted lo que cuesta hablar claro, que el experto se desprenda del manto ancestral de brujo de la tribu, usted lo consigue mediante el uso de un impecable sentido común. Entiendo que en gran medida no es estrictamente un libro de opinión sino que expone -a través de la observación- los resultados del evidente éxito del sistema. Me gustó mucho.
No sé si usted tiene tiempo (o ganas) de atender a tres breves reflexiones que me asaltan tras la lectura.; por favor, disculpe mi atrevimiento...
La primera se refiere a la propia concepción del sistema de libre mercado: la adaptación que debe llevar a efecto cada actor frente a las siempre nuevas condiciones del entorno: oferta, demanda, nuevos operadores, etc. Circunstancia que requiere una eficaz gestión del cambio... resultará imposible la proliferación de una economía ágil en un ecosistema social resistente al cambio. Es decir, partiendo de la premisa de que cualquier capacidad es entrenable, será preciso educar a los gestores de empresas y administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto en la gestión del cambio, ...quizás habría que hablar con el profesor Marina para que lo incluya en 'Educación para la ciudadanía'.
La segunda es mi discrepancia (probablemente la única) respecto a sus propuestas para África. Usted considera prioritario dejar de dar limosnas (en esto sí que estoy totalmente de acuerdo) y centrar las ayudas internacionales en la sanidad. A mi entender, hambre y enfermedad son consecuencia de otros problemas de fondo. Para activar la iniciativa individual en África que consiga finalmente mejorar la sociedad sería necesario luchar contra la corrupción (usted ya lo comenta), apostar por la educación (quizás empezando con el viejo sistema de maestro-aprendiz) y mejorar (o crear) las infraestructuras básicas. Sin agua corriente ni saneamiento no dejará de haber cólera ni otras muchas enfermedades infecciosas, sin carreteras no será posible el comercio, sin electricidad no surgirá actividad industrial. Creo que la inversión internacional debería concentrarse en infraestructuras básicas... que además tienen un constatable retorno económico para satisfacción de los responsables financieros...
En tercer lugar una aportación sobre un elemento -que está presente en su libro- que entiendo debemos darle la importancia que ha tenido, que tiene y que tendrá en toda esta enorme crisis en la que estamos inmersos. Me refiero a la crisis de valores y de honestidad y a la imprescindible cruzada que debemos emprender contra el fraude en todas sus formas. Llevo tiempo pensando en ello y la lectura de 'Economía liberal... ' me ha terminado de convencer para darle forma de libro a observaciones y reflexiones sobre el fraude y sus mil caras, con la misión de concienciar de que una sociedad mejor es posible, con este mismo sistema económico y con las mismas (o similares) reglas de juego, basta con cumplirlas.

(Relacionado con el tema: Disciplina http://pablozurita.blogspot.com/2007/06/disciplina.html)

sábado, 17 de enero de 2009

Del interés particular al interés general

Howard Davies es el director de la London School of Economics y aficionado a la bicicleta; es entrevistado hoy en EL MUNDO, la claridad de sus ideas abruma. Hace una reflexión de largo alcance:
"Los gobiernos no deberían gastar tiempo y dinero pensando en qué sectores serán los que nazcan de la crisis sino asegurar buenos servicios públicos, impuestos bajos, inflación baja y educación. El dinamismo natural de la sociedad siempre tiene la última palabra."
En Canarias se gasta mucho tiempo de los gobernantes y dinero del contribuyente en dirigir el normal desarrollo de la economía. Protegemos con uñas y dientes actividades que fueron muy rentables en el pasado en defensa de intereses de todos sabemos quién, la tradición lo justifica todo. Desde el sector público se compite en el mercado libre produciendo, comercializando, prestando servicios, creando canales de comercialización.
Los servicios públicos adolecen de ineficiencia en los que prima el gasto frente al resultado obtenido, la fuerza sindical frente a la racionalidad; finalmente el ciudadano traga y paga lo que le echan.
A falta de ingresos para mantener la mastodóntica estructura funcionarial, se habla de incrementar los impuestos sin mencionar nada respecto a la eficacia recaudatoria o la lucha contra el fraude. Es paradójico la forma en que se grava la entrada de mercancías, por ejemplo, tributos más propios de otros tiempos, ahora que sabemos que el tráfico de mercancías no aporta riqueza por sí mismo.
Y la educación, todo esfuerzo parece escaso.
La conclusión espanta. La sociedad canaria no disfruta del natural dinamismo que menciona Davies, aquí las palabras se escriben en los círculos concéntricos del interés particular. Necesitamos actuar para el interés general, enfocar el cambio y poner en marcha la revolución.
Una última reflexión de una observación reciente en el trayecto entre El Médano y San Miguel (en Tenerife Sur): primero la playa, después los invernaderos de tomates y finalmente los campos de golf; una imagen más que mil palabras. No sé por qué futuro luchamos. Yo lo vi muy claro.