miércoles, 20 de febrero de 2008

La negociación de lo público

Andamos ya casi inmunizados contra la enfermedad de las huelgas y manifestaciones. Tomar actimel nos refuerza, nos protege, nos permite desarrollar anticuerpos. Sobrevivimos perfectamente sin apenas preguntarnos qué se reivindica o quiénes son está vez. El recurso de reivindicar a grito pelado está acabado, choteado.
Sin embargo, conflictos debe seguir habiendo, nos demos por enterados o no, puesto que hay personas que en su enfado emplean tiempo y esfuerzo en hacerse notar. Probablemente mal aconsejados, pero con toda seguridad, como consecuencia de la enorme preocupación por intentar resolver aquello que entienden injusto, desproporcionado, indigno o cualquiera que sea el motivo de su malestar.
El derecho a la huelga es necesario para mantener el equilibrio entre el capital y los trabajadores, y además es un logro nada desdeñable de nuestro sistema constitucional. El trabajador en huelga no cobra su sueldo mientras la empresa deja de producir, malo para ambos. Ninguna de las partes puede sostener esa situación por mucho tiempo, las cuestiones superfluas llega un momento en que se dejan de lado y se debate de lo realmente importante. De ello depende la subsistencia de unos y otros. O nos arreglamos o nos hundimos todos.
La huelga de los empleados públicos es harina de otro costal. Perdido el equilibrio ‘no sueldo/no producción’, requiere un análisis diferencial y probablemente para el futuro una regulación propia. La huelga en lo público afecta tanto al ciudadano que paga sin contrapartida y sufriendo las incomodidades de los manifestantes, como a los responsables políticos que deben atender o rechazar aquello que se reclama.
La cronología es siempre la misma, por fases. Primero, denunciar airadamente lo mal que funciona el servicio público en cuestión como consecuencia de los malos gestores y la escasa asignación presupuestaria. Segundo, hacer que el ciudadano compruebe lo mal que funciona, haciendo que vaya peor. Tercero, poner a la madre del responsable político a caer de un burro, encontrando todo tipo de comportamientos inmorales e ilegales. Cuarto, cuando éste ya no está dispuesto a aguantar más vilipendios, se soluciona el conflicto subiendo los sueldos.
Claro está que a nadie le preocupa averiguar por qué esos funcionarios estaban descontentos o por qué creen que una subida de sueldo es suficiente. ¿Es que todo se soluciona con dinero? Según los expertos, no. En la motivación de las personas el dinero ocupa un lugar muy poco destacado.
En estas guerras, a los ciudadanos tanta protesta nos toca un pie, ni siquiera somos conscientes de que cualquier cesión pactada sale de la misma caja común a la que todos aportamos una parte. Hay incluso quien está dispuesto a dar lo que fuera por atender las reivindicaciones entendiendo que la Administración Pública es un ente abstracto y todopoderoso que fabrica el dinero.
¿De qué servirá la famosa homologación de los profesores de educación primaria –que no deja de ser una pura y dura subida salarial- si continúa el escaso respeto de padres y alumnos a su trabajo? Este conflicto probablemente tenga su origen en un comportamiento social que no reconoce la importancia clave de los maestros en la formación de las siguientes generaciones y solucionarlo requerirá un enfoque no económico, al menos, no exclusivamente económico.
La negociación colectiva en lo público debe perseguir solucionar los problemas en su origen, con visión de largo plazo y responsabilidad por ambas partes. Hay quien está satisfecho por lo bien que le pagan por aguantar vivir en un conflicto permanente y también hay quien vende públicamente lo estupendo que escondió el problema debajo de la alfombra.

Y si hablamos en serio...